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Introducción:
La Defensoría del Deudor se sustenta en un conjunto de principios jurídicos y éticos que orientan su actuación y sirven de marco común para los despachos jurídicos asociados en los distintos países de Iberoamérica.
Estos principios no sustituyen las leyes nacionales, sino que las complementan, interpretándolas desde una perspectiva centrada en la dignidad humana, la proporcionalidad y el equilibrio entre las partes.
Primacía de la dignidad humana
Primacía de la dignidad humana
El ser humano es superior al capital.
Ninguna obligación económica puede justificar la anulación de la dignidad personal, la exclusión social ni la afectación desproporcionada de los derechos fundamentales del deudor y su familia.
Proporcionalidad en la exigibilidad de las deudas
Proporcionalidad en la exigibilidad de las deudas
El ejercicio del derecho de cobro debe respetar criterios de razonabilidad y proporcionalidad, evitando medidas que generen un sacrificio excesivo o innecesario en relación con el monto de la obligación reclamada.
Condena a la usura y al abuso financiero
Condena a la usura y al abuso financiero
La Defensoría del Deudor rechaza toda forma de usura, anatocismo, intereses desproporcionados o prácticas financieras abusivas que coloquen al deudor en una situación de sometimiento económico permanente.
Protección del patrimonio familiar
Protección del patrimonio familiar
El patrimonio mínimo destinado a la subsistencia y estabilidad del núcleo familiar debe ser objeto de especial protección jurídica, limitando su afectación frente a procesos de cobro y ejecución.
Buena fe y equilibrio contractual
Buena fe y equilibrio contractual
Toda relación crediticia debe interpretarse conforme al principio de buena fe, reconociendo la asimetría estructural entre acreedor y deudor, y evitando cláusulas o prácticas que rompan el equilibrio contractual.
Derecho de retención y defensa efectiva
Derecho de retención y defensa efectiva
El deudor tiene derecho a ejercer mecanismos legítimos de defensa, incluyendo el derecho de retención y la oposición jurídica frente a cobros indebidos, ilegales o abusivos, sin ser criminalizado por ello.
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